Una táctica originada hace algunos años que hoy se extiende a varios rincones de España.
Los propietarios de viviendas en España aumentan su preocupación con respecto a la escalada de la okupación ilegal, puesto que, cada vez, aumenta más el ingreso a las viviendas por parte de las mafias, además del dinero que exigen para abandonar las propiedades.
La técnica de “pedir pizza” consiste en que los okupas, quienes una vez han seleccionado la vivienda que van a entrar, hacen un pedido de pizza con la dirección de la propiedad, posteriormente, esperan al repartidor en el portal y recogen el pedido con el ticket. Dos días después ingresan a la vivienda y si suena la alarma o acude la policía, con el ticket del domicilio acreditan habitar la vivienda hace dos días, evitando así el desalojo, y el caso pasaría a los tribunales.
Con esta táctica, que viene desarrollándose desde el 2018 en Cataluña y que ahora se extiende a varias partes de España, los okupas logran demostrar que habitan la propiedad, lo cual genera ambigüedad para los policías y no pueden desalojar inmediatamente la vivienda.
De acuerdo con los datos arrojados por el Consejo General del Poder Judicial, los fallos judiciales para desalojar a los okupas tardan una media de 18 meses, lo cual quiere decir que el propietario deberá esperar demasiado tiempo para recuperar su vivienda.
La evolución de la escalada de la okupación en España
Hablando concretamente de la “técnica de pedir pizza”, la cual se originó en Cataluña hace cuatro años aproximadamente, ahora tiene relevancia en ciudades de las Comunidades de Madrid, Andalucía, El Levante y se extiende progresivamente a otras zonas. Desafortunadamente, los policías de las distintas zonas de España que sufren este problema no pueden hacer gran cosa, pues hay pocos recursos, acoso institucional y político, represalias fuera de la institución y otras tantas situaciones que dificultan la labor. Los integrantes de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación sostienen que sin un cambio político solo hay un apoyo a la delincuencia okupa.
Otra de las denuncias recurrentes de los propietarios es que son extorsionados con peticiones de dinero para abandonar las viviendas. El pago por la liberación del inmueble se está volviendo algo cotidiano, se está pagando entre 3000 a 5000 euros para recuperar la propiedad, explican los afectados.
Las reformas legislativas necesarias
Adicional a todos los problemas ya descritos, hay otra situación conocida como “inquiokupación” en la cual el okupa tiene un contrato de alquiler ficticio o real, provocando que la oferta de alquiler disminuya. Ante la eventualidad, los distintos expertos jurídicos reclaman al gobierno una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para acabar con la “inquiokupación”.
El artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde se contempla la libertad de forma del contrato, es la que se pide cambiar, para que solo se acepte como válido un contrato formal, es decir, uno escrito, sellado y depositado en el organismo competente de la comunidad autónoma correspondiente.
Actualmente, basta con que los okupas presenten un contrato de alquiler, que bien puede ser simulado, para que la orden de desalojo no sea inmediata. En estos casos, los jueces pueden tardar tiempo en analizar el documento, hasta dos años, tiempo en el cual, el okupa podrá hacer uso del inmueble, siendo ventajoso para estos y un dolor de cabeza para el propietario.
También se propone otro cambio al artículo 37, que consiste en que los arrendadores acrediten su condición para celebrar contratos de alquiler, por ejemplo, con la escritura de propiedad. Así, las viviendas acreditadas tendrían sus títulos de propiedad o de uso en los registros públicos de los arrendamientos de las comunidades autónomas, lo cual facilita su disposición para los jueces.
Con esta medida, en caso de que un contrato en posesión de un okupa, que llegue a manos de un juez, se podrá verificar en el registro público y proceder al desalojo, para continuar con los procedimientos necesarios.
La situación actual de los okupas inquieta bastante a los propietarios, demostrando un problema subyacente aún mayor que golpea fuerte en todo el país: no hay viviendas suficientes para satisfacer la demanda de toda la población, especialmente la más vulnerable, con lo cual, un problema de las Administraciones Públicas se está trasladando al sector privado.
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